Jorge Zeballos/LCNews
La mañana del viernes 16 de octubre de 2015 transcurría de forma habitual en un conocido negocio hispano de calle East Washington; hasta que llegó un ex empleado, Apolonio García-Cova a reclamar el cumplimiento de sueldos adeudados por varios años de trabajo. Apolonio no estuvo sólo, le acompañó un piquete de trabajadores que venían con pancartas y voceaban la consigna “No al robo de sueldo”; al grupo se le sumó el ruido festivo de la Forward Marching Band.
Se trató de una manifestación en toda forma que logró hacer olvidar el frío matutino y atrajo la atención de quienes concurrían al centro comercial donde se sitúa el negocio.
Por esos días su ex empleador se apresuró a cerrar un acuerdo de pago por intermedio del Centro de Derechos Laborales del Workers’ Right Center. Todo salió bien para Apolonio, pero tuvo que dar la pelea.
La misma institución que ayudó a Apolonio y a decenas de otros trabajadores a recuperar salarios adeudados lanzó su informe sobre la fuerza de trabajo hispana a principios de marzo.
“Luchando por una vida mejor” o “Struggling for a Better Life”, es el título que tiene la investigación que describe la realidad laboral de los latinos que viven y trabajan en el Condado de Dane.
El informe bilingüe documenta el dramático aumento de la población latina (101% en 10 años); la continua lucha de los latinos en condiciones laborales inferiores como asimismo, los obstáculos que persisten para su mejora socio-económica.
De todos los problemas descritos el que sobresale tanto por la cantidad de veces que ocurre como el daño que provoca es el “Robo de sueldo”.
El robo de sueldo es un transgresión más usual de lo que uno supone en el condado de Dane.
Aunque es contra la ley que un patrón le pida trabajar sin reportar sus horas, del informe se puede colegir que es una mala práctica usual.
7 problemas laborales
“Aunque se han hecho progresos, muchos de los temas que dominaron la vida de los trabajadores latinos en 2001 siguen afectando a la comunidad hoy y, en algunos casos, han empeorado”, explicó Patrick Hickey, director del Workers’ Rights Center.
Parece una paradoja pero el porcentaje de latinos que viven en la pobreza ha aumentado desde el año 2000 de 22% a 28%, el doble de la población en general.
El salario medio por hora de los inmigrantes latinos, indica el informe, es de $ 10.50 por hora, pero un número significativo de ellos (26.24%) se les paga más cerca del salario mínimo. La mayoría trabaja a tiempo completo (76%) y son muchos los que lo hacen en múltiples puestos de trabajo (17%).
El informe revela como la mayoría tiene pocas oportunidades de ascenso y “poca o ninguna influencia para exigir menores trabajos”.
La realidad es que los inmigrantes latinos a menudo se encuentran atrapados en la parte inferior de la escala salarial a causa de los llamados “salarios de pobreza”. Trabajos donde no se gana lo suficiente para cubrir los gastos básicos.
Los trabajadores testimonian “estar atrapados en la parte inferior de la escala salarial” y no hay forma de salir adelante.
La delegación de investigación, un grupo de expertos que trabajo con la información recopilada, identificó siete temas principales entre las preocupaciones planteadas:
• 1 Condición de inmigración relacionada con a explotación.
• 2 El robo de salarios, discriminación y acoso.
• 3 Condiciones de trabajo insalubres e inseguras.
• 4 Salarios de pobreza.
• 5 Alto costo de vida.
• 6 Falta de acceso al seguro de salud.
• 7 Falta de red de seguridad para los inmigrantes.
10 recomendaciones
“Luchando por una vida mejor” identifica problemas, pero también entrega soluciones. Lo hace bajo la forma de diez recomendaciones que deberían implementarse en el Dane County. Las recomendaciones fueron realizadas por la delegación de investigación y se pueden agrupar en cuatro grandes categorías:
A. Fijar un sistema de inmigración nuevo, el actual promueve la explotación del trabajador.
B. Fortalecer y aplicar sanciones a las infracciones laborales de los empleadores.
C. Aumentar el piso de salarios y beneficios para sacar a las familias de la pobreza.
D. La construcción de un movimiento político latino vibrante y asertivo, en el condado de Dane y más allá para llevar a cabo las tres primeras categorías.
La delegación reconoce que lograr las recomendaciones “será difícil y puede ser un largo y arduo proceso. Pero continuar silenciando la energía, talento y empuje de la creciente comunidad latina en el condado de Dane nos perjudica a todos”. Las diez recomendaciones son:
• Reforma migratoria integral.
• Consolidad el poder político latino: mediante la contratación de un organizador comunitario de tiempo completo.
• Acceso a licencias de conducir para todos los residentes de Wisconsin.
• Matrícula estatal, para estudiantes indocumentados.
• Multas significativas contra el robo de salarios.
• Aumento del salario mínimo federal.
• Igualdad de trato.
• Seguro de salud asequible para todos los residentes.
• Expansion de OSHA (Administración de salud y seguridad ocupacional).
• Más educacion en derechos cívicos.
Para leer el informe visite wrcmadison.org o llame al WRC para obtener una copia: 608-255-0376.
La delegación de investigación estuvo compuesta por las siguientes personas:
• Ramón Argandoña, sindicalista,
SEIU Healthcare Wisconsin.
• Rabina Renee Bauer, directora ejecutiva de la Coalición interreligiosa para la justicia laboral de South Central Wisconsin.
• Shiva Bidar-Sielaff, co-chair del Consejo Latino de Salud del condado de Dane.
• Salvador Carranza, presidente del Consejo Latino de Educación.
• Jim Cavanaugh, ex presidente de la Federación de Trabajadores de Centro-Sur Wisconsin.
• Pastor Rafael Cubilette, Monona United Methodist Church.
• Baltazar De Anda Santana, director de Latino Academy of Workforce Development.
• Kevin Gundlach, president de la Federación de Trabajadores de Centro-Sur Wisconsin.
• Fabiola Hamdan, Joining Forces for Families.
• Patrick Hickey, director del Workers’ Rights Center,
• Armando Ibarra, sociólogo y cientista político, profesor asistente de la University of Wisconsin.
• Karen Menéndez Coller, directora ejecutiva del Centro Hispano.
• Ramona Natera, Immigration Attorney in Catholic Multicultural Center.
• Leila Pine, coordinadora del inicial Proyecto de Trabajadores Latinos y activista de Derechos Humanos.
• Carolina Sarmiento, profesora asistente Departamento de Ecología Humana, UW-Madison.
• Jorge Mario Sierra García, activista comunitario.
El robo salarial o robo de sueldo es un término que describe cualquier situación en la que un trabajador no recibe la compensación a la que él o ella tienen derecho legal o contractual. El informe explica: “La formas más descarada del robo salarial se produce por la negativa del empleador de pagarle a un trabajador”. Sin embargo hay formas más sutiles del robo salarial como:
• Trabajadores a los que se les paga salarios que están por debajo del salario mínimo federal, estatal o municipal.
• Negarse a pagar por horas extras trabajadas.
• Clasificación errónea de los trabajadores, por ejemplo clasificar a un empleado como contratista independiente.
• Deducciones ilegales de los salarios.
• Trabajar sin “ponchar” (marcar tarjeta) para que esas horas no se remuneren.
El caso de Apolonio
Y aunque es de sentido común que un empleado debe ser pagado por todo el tiempo trabajado, el informe muestra que los trabajadores del condado de Dane denunciaron violaciones rampantes de derechos laborales: 43% reportó robo de salarios; 28% informó de discriminación en el trabajo; 20% informó de lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo, y el 25% de los trabajadores dijo que no informa de su lesión o enfermedad en el trabajo por miedo a perder su empleo.
Asimismo aproximadamente el 45% de los trabajadores encuestados no tiene ningún tipo de beneficio de salud. Además, sólo el 19% recibe paga el tiempo de enfermedad de parte de su empleador.
“Yo nací en Tlaxcala, en el corazón México en 1981; pero me fui muy pequeño a la frontera de Baja California, a la ciudad de Tecate”, dice Apolonio García-Cova, allí aprendió el oficio que ejerce hasta el día de hoy. Hace cuatro años atrás llegó a Estados Unidos y empezó a trabajar de inmediato pues él es maestro en un oficio muy requerido.
“Hubo ocasiones en que yo trabajé más de 36 horas seguidas sin salir del lugar donde me desempeñaba. Y todas esas horas eran pagadas como horas normales, es decir a 8,25. Pero yo veía que había trabajadores a los cuales se les pagaba tiempo extra, es decir que las horas de sobretiempo se pagaban a otro valor”.
Apolonio intuía que merecía recibir una paga justa por su trabajo, incluidas las horas extras, también llamadas horas de sobretiempo trabajadas; lo que no sabía era que en Estados Unidos existe la “Ley de Normas Justas de Trabajo” (FLSA, por sus siglas en inglés) una ley federal que requiere que, a menos que haya una exención específica —como en el caso de los gerentes, ciertos empleados de ventas y profesionales— los empleados deben recibir la paga de horas extra si trabajan más de 40 horas por semana.
Cuando García empezó a exigir lo que consideraba justo, terminó despedido; pero nunca dejó de perseguir sus derechos. Entonces un amigo le habló del Centro de Derechos Laborales y allí le orientaron como presentar un reclamo ante el Departamento de Desarrollo de Fuerza de Trabajo, el cual resolvió a su favor.
En su caso la solución pasó por acuerdo, pero su ex patron demoró los pagos. Finalmente, y con piquete o scratch mediante, el empleador empezó a pagar lo adeudado y permitió una salida satisfactoria para todos.
Sin embargo, el caso contrario, cuando un patrón es pertinaz, el asunto puede ponerse bastante serio para un empleador pues la Sección de Horas y Sueldos del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (la repartición pública encargada de hacer cumplir la ley de horas extra) puede tomar el caso.
Eventualmente un empleador puede incluso enfrentar cargos criminales por violar las disposiciones de horas extra de la Ley de Normas Justas de Trabajo.
Además es ilegal que un empleador despida o discrimine a un empleado por presentar una queja por la violación de la FLSA.
Apolonio hoy trabaja a conformidad en su oficio en otro negocio latino y concluye: “Que mi experiencia sea una advertencia tanto para trabajadores como empleadores. Más vale cumplir de forma escrupulosa las leyes laborales federales y locales”.
El caso de las horas extraordinarias
¿Cuánto pagar por la hora extra? es una pregunta que se hacen muchos.
Carlos Miranda del Centro de Derechos Laborales indica que “la tarifa del tiempo extra debe ser una vez y media la tarifa regular que se le paga al trabajador por cada hora trabajada en exceso de 40 en una semana laboral”.
Esto es, por ejemplo si un empleado que recibe $8.00 por hora y trabaja 44 horas en una semana de trabajo tiene derecho a recibir al menos tiempo y medio de $8.00, es decir, $12.00 por cada hora de trabajo en exceso de 40 horas. O dicho de otra manera, su pago esa semana sería de $320 por las primeras 40 horas, y $48.00 por las cuatro horas de sobretiempo.
“También es importante recordar, dice Miranda que es ilegal hacer deducciones de los sueldos por falta de fondos o mercancía, para comprar uniformes requeridos por el empresario y por el costo de herramientas del oficio”.
-¿Qué no es regulado por la ley FLSA?, preguntamos al Centro.
La FLSA no exige, pago por vacaciones, por días feriados. Tampoco períodos para comer o descansar, días feriados o vacaciones; pago adicional por trabajar fines de semana o en días feriados, entre otras. Además, la ley FLSA tampoco limita el número de horas que se puede exigir que el empleado trabaje al día o el número de días en una semana, incluyendo las horas de sobretiempo.
– ¿Entonces quien regula esos aspectos?
Los asuntos anteriormente mencionados quedan para acuerdo directo entre el empleador y los empleados o sus representantes autorizados.
¿Cuándo se pagan esas horas de
sobretiempo?
Normalmente, la paga por horas extra acumulada en una semana particular de trabajo debe efectuarse en el día habitual de paga para el período correspondiente en el que fue ganada.
En todo caso existen varias exenciones del salario mínimo y del pago de sobretiempo.
Más vale tarde que nunca
En Wisconsin la presencia de los trabajadores latinos ha ido ganando importancia en la toma de decisiones de la política pública. Sin embargo, en el debate se nota una profusión de juicios y suposiciones aventuradas sostenidas sólo por la escasez o ausencia de datos definidos.
Por eso el condado tenía necesidad urgente de actualizar el informe laboral anterior, llamado “No puedo permitirme perder un mal trabajo”, lanzado en 2001.
Más allá de las buenas intenciones, realizarlo no fue una tarea fácil. El Centro de Derechos Laborales tuvo que resolver primero problemas de recursos; discusiones sobre la metodología y su capacidad de reflejar la realidad; dificultad de acceder a las fuentes, en especial aquellas más vulnerables como los trabajadores indocumentados; junto a la ausencia de datos previos, entre otras razones demoraron la ejecución del proyecto.
Un aliado que permitió sacar adelante la tarea fue el apoyo brindado por Alison Montenegro, subdirector del “Center on Wisconsin Strategy” (COWS); y los profesores de la Universidad de Wisconsin-Madison Laura Dresser y Revel Sims quienes facilitaron la colaboración de los alumnos del Departamento de planificación regional de la UW para ejecutar parte del trabajo de campo.
COWS lanzó en septiembre pasado su reporte “The State of Working Wisconsin 2015: Facts & Figures”. COWS es un influyente think tank progresista asociado a la UW fundado y dirigido por Joel Rogers, un destacado académico e intelectual público a quien la revista Newsweek lo identificó como uno de los 100 estadounidenses más probables para dar forma a la política y la cultura de Estados Unidos en el siglo 21.
Finalmente el trabajo de campo, esencial para recolectar información como focus groups, foros y encuestas se inició en el verano pasado.
Puede que la intención original haya sido que el informe se publicara en coincidencia con el reporte de COWS, o que al menos estuviese listo a fines del año 2015; como sea, la ejecución demoró. Con todo, como dice el dicho ‘más vale tarde que nunca’ y “Luchando por una vida mejor” está listo para ser usado por los decision makers (tomadores de decisiones) del condado.
En efecto hace 15 años atrás la Coalición Interreligiosa para la Justicia Laboral (ICWJ por sus siglas en inglés), un grupo de congregaciones con un sólido historial en iniciativas de justicia social, inició el Proyecto de Trabajadores Latinos como respuesta a los retos que enfrentaban en esa época el creciente número de trabajadores hispanos de bajos ingresos, muchos de ellos migrantes recién llegados al país.
“No puedo permitirme perder un mal trabajo” documentó la condición laboral de los latinos y ofreció dos recomendaciones principales.
La primera fue la creación de un centro dedicado a ofrecer información y defensa laboral; la segunda recomendación fue iniciar la construcción de alianzas para realizar una reforma migratoria integral.
La primera recomendación se concretó y es hoy el Centro de Derechos Laborales que funciona en el 2300 S. Park. La segunda, la reforma migratoria integral, aún no tiene en Wisconsin el apoyo consensuado de la opinión pública. En efecto, las recientes iniciativas impulsadas por senadores como Van H. Wanggaard (R-Racine) con el apoyo de la totalidad de los legisladores republicanos del estado han puesto trabas a la vida de las familias con miembros indocumentados.
Por eso para Apolonio y decenas de otros trabajadores como él, la existencia del Centro de Derechos Laborales ha sido vital para recuperar su dinero y en ciertas forma… sus vidas.