Por Heriberto Araújo (Notimex).
El nuevo gobierno brasileño “garantizó” el lunes 16 de mayo que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 serán exitosos, pese a la crisis política, y rechazó que el proceso contra la separada presidenta Dilma Rousseff pueda provocar un boicot de países de América Latina contrarios a su salida.
“Está todo dentro de la normalidad”, aseguró el nuevo titular de Deportes, Leonardo Picciani, al término de una reunión entre el presidente interino Michel Temer, varios ministerios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Picciani dijo que Temer habló este lunes con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para informarle sobre las prioridades del nuevo Gobierno al respecto de las Olimpiadas.
“Fue una conversación muy positiva. Temer reafirmó las garantías del gobierno brasileño para los Juegos Olímpicos en cuestiones como preparativos o seguridad publica”, indicó Picciani.
También negó que la recesión económica y los cortes anunciados por Temer en el presupuesto del país vayan a afectar a los desembolsos previstos.
“No hay riesgo sobre presupuesto y desembolso de dinero para la Olimpiada”, señaló.
Olimpiados logo Rio
El titular de Deportes, quien aseveró que “casi el 100 por 100 de las obras están concluidas”, negó que los recientes fricciones entre Brasil y algunos países de América Latina –Venezuela, Ecuador, Bolivia o El Salvador- puedan desembocar en un eventual boicot a la Olimpiada.
“Tenemos plena convicción de que los procedimientos del proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff se hicieron dentro de la legalidad”, dijo Picciani.
Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua o Ecuador expresaron, sin embargo, sus reservas respecto al “impeachment”, mientras el Ministerio de Exteriores brasileño criticó firmemente las opiniones exteriores de que hubo un “golpe” para derrocar a Rousseff.
Aunque ningún país anunció por el momento que vaya a boicotear las Olimpiadas, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, anunció el sábado que no reconoce al gobierno interino instalado en Brasil tras el apartamiento de Rousseff.
Una mayoría de senadores y congresistas acusan a Rousseff de poder haber cometido un “crimen de responsabilidad” punible con el “impeachment”, según la Constitución, cuando usó presuntamente artimañas contables por medio de créditos de instituciones públicas para cuadrar las cuentas de 2014 y 2015.
Pero Rousseff niega irregularidades, así como el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, califica todo el proceso de “golpe” de la oposición para alcanzar el poder sin el aval de
las urnas.