Los afectados serían los beneficiarios de DACA implementado en 2012
El Departamento de Justicia tiene hasta el próximo lunes para redactar y presentar una moción que impida a los estados que demandaron la acción ejecutiva revisar documentos relacionados con la entrega de miles de permisos de trabajo a DREAMers protegidos por una Acción Diferida vigente desde 2012 (DACA) que habían renovado sus autorizaciones.
Los demandantes exigen que el gobierno abra los expedientes de los DREAMers que recibieron las autorizaciones de empleo. El gobierno trata de impedirlo y pide que la corte les permita rectificar lo actuado y otorgarles a los beneficiados permisos por dos años, tal y como lo establece el DACA de 2012.
Durante una audiencia celebrada el jueves en la Corte Federal del Quinto Circuito en Brownsville, Texas, los abogados del gobierno reconocieron que se emitieron 108,081 permisos de trabajo por tres años a DREAMers que califican para DACA después del 20 de noviembre del 2014, cuando el presidente Barack Obama anunció el beneficio migratorio.
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La Acción Diferida del 15 de junio de 2012 estipula que los permisos de trabajo son por dos años y no de tres.
El pasado 3 de diciembre del año 26 estados, con Texas a la cabeza, presentaron una demanda en contra de la acción ejecutiva que protege de la deportación a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados y les otorga un permiso de trabajo con duración de tres años con opción a renovarlo.
Los demandantes argumentan que el presidente Obama se extralimitó en sus funciones ejecutivas y que la medida viola la Constitución al ofrecer esos alivios migratorios a padres de ciudadanos o residentes permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, eliminando el límite de edad que era menos de 31 años al 15 de junio de 2012.
El juez Hanan emitió un fallo el pasado 16 de febrero, un día antes que entrara en vigencia la extensión de DACA, bloqueando la implementación de los alivios migratorios, pero el gobierno dijo que no afectaba el DACA de 2012, y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) ya había extendido autorizaciones de empleo por tres años a quienes estaban renovando el amparo en vez de los dos originales del programa.
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Los estados demandantes, 24 de ellos gobernados por republicanos, reclamaron que el gobierno no había cumplido la orden cautelar.
El juez Hanen sólo frenó los beneficios migratorios de la acción ejecutiva del 20 de noviembre y dejó intacto el DACA de 2012. Sin embargo, los estados demandantes argumentan e insisten en que la Administración Obama engañó al juez porque empezó a emitir los permisos antes de la fecha formal de lanzamiento de la extensión del “DACA”, que estaba prevista para el 18 de febrero, dos días después del dictamen cautelar.
La semana pasada el Departamento de Justicia movió un recurso de emergencia entregado el 23 de febrero a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, con el objetivo de que la instancia superior anule la decisión de Hanen y permita activar la medida mientras se resuelve la demanda del 3 de diciembre.
Si hay un cambio en el estatus del fallo, USCIS consultará con el Departamento de Justicia para determinar cuál será el rumbo de acción adecuada”, enfatizó Rodríguez.