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Madison.- El gobernador Tony Evers ha dado luz verde a una medida que permite al Departamento Correccional de Wisconsin seguir de cerca, de por vida, a casi mil personas que han cumplido condena por delitos sexuales. Esta decisión, respaldada por el Proyecto de Ley Senatorial 874, redefine el término “reincidente” en casos de delincuencia sexual, anulando así una decisión judicial previa.
La nueva legislación, impulsada por legisladores republicanos, otorga al Departamento Correccional la autoridad para monitorear de forma continua a aquellos que se consideran reincidentes en delitos sexuales, sin necesidad de revisión judicial ni posibilidad de apelación. Esta medida es aplicable incluso a individuos que han cumplido sus sentencias y ya no están bajo supervisión judicial.
La ley retrocede hasta septiembre de 2017, cuando el ex fiscal general republicano Brad Schimel amplió la definición de reincidente para incluir a aquellos condenados por múltiples cargos en un solo proceso judicial. Sin embargo, una reciente decisión del tribunal superior de Wisconsin revocó esta interpretación, afirmando que la ley estatal sólo considera reincidente a quien comete un delito nuevo y separado en un proceso judicial distinto.
Esta medida amplía significativamente el número de personas sujetas a monitoreo GPS de por vida, sumando aproximadamente 972 individuos a los 1,918 ya registrados. Aquellos bajo monitoreo deben pagar alrededor de 200 dólares mensuales por el servicio.
La Coalición de Wisconsin contra la Agresión Sexual ha expresado preocupación por el enfoque del monitoreo por GPS, señalando que se centra en lugares estereotipados de “peligro de extraños” y no aborda adecuadamente las agresiones sexuales que ocurren dentro del círculo social de la víctima. Aunque reconocen el valor de informar a la comunidad sobre la presencia de delincuentes sexuales, destacan la importancia de abordar el problema de manera más integral.
Esta controvertida medida plantea preguntas sobre la efectividad del monitoreo por GPS como herramienta de prevención y cómo se equilibra la seguridad pública con los derechos individuales de los ex delincuentes sexuales.
