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Madison.- Recientemente, ha surgido una noticia de gran relevancia nacional relacionada con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Este medio digital considera imperativo compartir esta información con nuestra comunidad, ya que un grupo liderado por el gobierno de Texas ha impugnado la codificación de DACA, alegando que la protección otorgada a más de 600 “dreamers” constituye un “ejercicio ilegítimo de las facultades del Poder Ejecutivo” y una violación de la Ley de Procedimientos Administrativos.
En respuesta a esta amenaza, una coalición compuesta por 23 fiscales, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, ha decidido unirse en defensa del programa DACA. Esta acción surge después de que un juez federal en Texas declarara ilegal dicho programa.
La coalición de fiscales que respalda a DACA presentó un documento “amicus curiae” (amigos de la corte) para respaldar la defensa de la protección migratoria. El fiscal Bonta afirmó: “Nuestra gran nación fue construida por inmigrantes. Los dreamers, beneficiarios de DACA y los inmigrantes son bienvenidos en nuestro estado”. Agregó que los vecindarios, empresas, economías y escuelas dependen de DACA, y se comprometió a luchar por ellos, considerando cualquier intento de poner fin al programa como negligente e irresponsable.
Los fiscales generales que respaldan la causa incluyen representantes de Nueva York, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
Además de defender el programa, los fiscales destacaron sus beneficios en la educación. Se señaló que gracias a DACA, las universidades y colegios públicos pueden emplear a beneficiarios en diversas funciones, desde profesores hasta investigadores postdoctorales, contribuyendo significativamente a la experiencia en investigación y al intercambio de ideas esenciales para las misiones académicas.
California subrayó que en 2020 empleó a casi 300 beneficiarios de DACA en agencias y departamentos estatales debido a sus habilidades y calificaciones especializadas, siendo esenciales para promover las prioridades del estado en seguridad pública, salud pública, infraestructura y asuntos de veteranos.
Los fiscales generales consideran que DACA es viable mediante acción del Poder Ejecutivo y resaltaron los diversos beneficios que aporta, mejorando la seguridad pública y aliviando la presión sobre los programas de red de seguridad social. Además, argumentaron que la abrupta terminación de DACA perturbaría y perjudicaría tanto a los beneficiarios como a los estados involucrados.
