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Madison.- Un juez federal en Rhode Island ordenó a la administración del entonces presidente Donald Trump encontrar los fondos necesarios antes del viernes para cubrir la totalidad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) correspondientes al mes de noviembre.
El fallo, emitido el jueves por el juez de distrito de EE. UU. John J. McConnell Jr., responde a una demanda presentada por una coalición de ciudades y organizaciones sin fines de lucro, que protestaban porque la administración solo ofrecía cubrir el 65% del beneficio máximo.
En su decisión, el juez McConnell criticó al gobierno: “Los demandados no consideraron las consecuencias prácticas asociadas con la decisión de financiar solo parcialmente SNAP. Sabían que habría un largo retraso en el pago de los pagos parciales de SNAP y no consideraron los daños que sufrirían las personas que dependen de esos beneficios”.
El conflicto se originó tras el cierre parcial del gobierno federal el mes pasado, cuando el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) anunció inicialmente que no pagaría ningún beneficio de SNAP para noviembre, desatando una emergencia a nivel nacional. La medida puso en aprietos a bancos de alimentos, gobiernos estatales y a los cerca de 42 millones de estadounidenses que dependen de esta ayuda para comprar alimentos. El programa, que beneficia a aproximadamente una de cada ocho personas en el país, tiene un costo mensual superior a los 8 mil millones de dólares.
A raíz de demandas presentadas por fiscales generales y gobernadores demócratas, dos jueces ordenaron la semana pasada que el gobierno pagara al menos beneficios parciales utilizando un fondo de emergencia. Inicialmente, la administración se comprometió a cubrir la mitad, pero luego, en una presentación judicial, corrigió la cifra al 65% del beneficio máximo, alegando haber descubierto un error en su plan original. A pesar de la corrección, los demandantes insistieron en que el pago parcial no lograría “remediar el daño” causado.
La reducción del 35% propuesta originalmente implicaba un impacto significativo para los beneficiarios. Por ejemplo, una familia de tres personas vería su beneficio mensual reducido en $275, y una persona que vive sola, en $105. Aunque esta fórmula de reducción de beneficios federales se aplica a los hogares que reciben la cantidad máxima, el impacto es grave para millones de personas. Como ejemplo, Carmel Scaife, una beneficiaria de 56 años de Milwaukee, explicó que cualquier recorte la obligaría a utilizar sus ingresos del Seguro Social para comestibles, comprometiendo el pago de otras facturas.
Las demoras en los pagos son otro factor de preocupación. Si bien se esperaba que las tarjetas de beneficios se recargaran a partir del viernes en Luisiana, otros estados, como Alabama, advirtieron que el proceso de actualización de sistemas podría llevar tiempo, resultando en beneficios retrasados. Con este nuevo fallo, la presión recae ahora sobre la administración Trump para cumplir con la orden judicial y garantizar el financiamiento completo antes del plazo establecido.


