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Según información nacional, el Supremo Tribunal Federal dictamino que el contencioso sobre los inmigrantes debe abordarse antes en las cortes de Apelaciones
El Presidente Trump había ordenado que el programa finalizara el 5 de marzo si el Congreso no adoptaba antes una solución para evitar la deportación de esos inmigrantes, lo que no ha ocurrido. Sin embargo, en las últimas semanas jueces federales de California y Nueva York han dictaminado que DACA no puede rescindirse por el momento y que la Administración debe seguir aceptando, pasada esa fecha, las solicitudes de renovación del estado migratorio de esas personas.
El Supremo validó que el programa se mantenga más allá del próximo lunes, lo que supone un enorme alivio para los inmigrantes y rebaja la necesidad del Congreso de actuar con rapidez.
Los magistrados de California y Nueva York consideraron válido el argumento de los demandantes (orgizaciones sociales y varios Estados) que esgrimen que fue inadecuado el proceso utilizado por el Gobierno para acabar con las protecciones a los DREAMERS. Uno de los argumentos de los demandantes es que el fin del programa es discriminatorio, lo que vulneraría la protección de igualdad bajo la ley amparada por la Constitución.
Tras la sentencia del tribunal de California, la Administración federal tomó una decisión inusual y arriesgada. En vez de recurrir la sentencia al Circuito de Apelaciones federal correspondiente, en ese caso el ubicado en San Francisco, el Departamento de Justicia decidió pedir directamente la intervención del Supremo, la máxima autoridad judicial del país.
Sin embargo, los miembros del Supremo acordaron este lunes que “la corte de apelaciones procederá con expedición para decidir este caso”. Raramente el Alto Tribunal decide escuchar un caso antes de que lo haya hecho una corte de apelaciones, el circuito inferior correspondiente. Una de las pocas veces que ocurrió fue durante el caso Watergate contra el presidente Richard Nixon en los años setenta.
César Vargas, codirector de Dream Action Coalition, una organización de defensa de los “Dreamers”, calificó la decisión del Supremo como “el golpe final” a los esfuerzos del Gobierno para “acabar ilegalmente y abruptamente” el programa DACA. En un comunicado, Vargas pronosticó que la batalla legal sobre ese colectivo podría durar hasta 2020, lo que concede al Congreso más tiempo para impulsar una “solución permanente” para esos inmigrantes y a Trump para hacer “propuestas razonables” en ese asunto.
El Congreso, por ahora, ha sido incapaz de alcanzar el consenso necesario para aprobar una ley que proteja a lo “Dreamers” y es una incógnita cómo puede afectar la decisión del Supremo al calendario de los legisladores.