La Comunidad News Online
Madison. Las organizaciones de medios sin fines de lucro enfrentan un desafío significativo tras la reciente aprobación del proyecto de ley H.R.9495 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La legislación busca revocar el estatus de exención fiscal de aquellas entidades acusadas de proporcionar apoyo material o recursos a organizaciones catalogadas como terroristas. Aunque la intención declarada es reforzar la seguridad nacional, críticos advierten que la medida podría ser utilizada para restringir la libertad de prensa y silenciar voces críticas.
El proyecto fue aprobado con una votación de 219 a 184 y ahora está bajo revisión en el Senado, donde los demócratas mantienen una mayoría estrecha. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha señalado que la definición de “apoyo a organizaciones terroristas” es demasiado amplia y otorga un poder excesivo al secretario del Departamento del Tesoro. Según la ACLU, esta medida podría aplicarse de manera arbitraria, afectando negativamente a organizaciones que dependen de las contribuciones deducibles de impuestos para operar.
El representante demócrata Mark Pocan, de Wisconsin, quien votó en contra del proyecto, expresó su preocupación por las posibles implicaciones de esta ley: “Podría usarse para castigar a los medios que critiquen a la administración, argumentando que apoyan indirectamente a organizaciones terroristas. Esto crea un efecto paralizante en la libertad de expresión”.
Chris Krewson, director ejecutivo de Local Independent Online News, también advirtió sobre los riesgos para los medios de comunicación independientes, destacando que esta ley podría desestabilizar el modelo de financiación del periodismo sin fines de lucro, que ha crecido en respuesta al declive de los medios tradicionales. En estados como Wisconsin, medios como Isthmus dependen de este modelo para operar y servir a sus comunidades.
El proyecto de ley ha generado un intenso debate, con críticas provenientes de sectores políticos, sociales y periodísticos. La ACLU ha pedido al Senado que no avance con la legislación antes del receso del 20 de diciembre, alertando que podría sentar un precedente peligroso al permitir que el gobierno actúe de manera unilateral y con poca supervisión en casos de exención fiscal.
En caso de que el proyecto se convierta en ley, las organizaciones afectadas recibirán una notificación oficial y tendrán 90 días para apelar la decisión ante las autoridades correspondientes o en los tribunales de distrito de EE. UU. Mientras tanto, la comunidad periodística continúa monitoreando la evolución de esta legislación, que podría redefinir el panorama del periodismo sin fines de lucro en el país.
En Wisconsin, los seis representantes republicanos votaron a favor del proyecto, mientras que los demócratas Gwen Moore y Mark Pocan se opusieron, destacando los riesgos para los derechos civiles y la libertad de prensa.