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Madison.- (3/18/26) En medio de un clima político cada vez más rígido en torno a la inmigración en Estados Unidos, una declaración inesperada desde Florida ha reavivado el debate nacional. Grady Judd, sheriff del condado de Polk y conocido por su cercanía con el discurso de Donald Trump, propuso considerar la regularización de migrantes indocumentados que no cuenten con antecedentes penales.
Según reportes de la prensa nacional fechados el 18 de marzo, Judd afirmó con contundencia: “No podemos sacar a 18 millones de personas del país”, aludiendo a la magnitud de la población migrante en situación irregular. Su planteamiento, aunque no constituye un proyecto de ley formal, ha generado reacciones por provenir de una figura asociada tradicionalmente a políticas de mano dura.
Durante una reunión del Consejo Estatal de Aplicación de las Leyes de Inmigración de Florida, el sheriff señaló que buscará directrices más claras sobre las prioridades en materia de deportación por parte de la administración federal. En ese contexto, subrayó la necesidad de diferenciar entre migrantes con historial criminal y aquellos que, pese a haber ingresado sin documentos, contribuyen activamente a la sociedad.
“Tiene que haber un camino a seguir para las personas que están en este país, que entraron ilegalmente, pero no tienen historial criminal, trabajan y están contribuyendo”, expresó Judd, reforzando posteriormente su postura en conferencia de prensa.
El planteamiento introduce un matiz relevante en el debate migratorio, al abrir la posibilidad de explorar mecanismos de regularización para ciertos sectores de la población indocumentada. Entre los criterios mencionados destacan:
- Ausencia de antecedentes penales graves
- Años de residencia en Estados Unidos
- Empleo estable
- Integración comunitaria
- Padres de ciudadanos estadounidenses
Este enfoque rompe parcialmente con la narrativa predominante en sectores conservadores, donde el énfasis ha estado centrado en deportaciones masivas y control fronterizo.
De acuerdo con estimaciones de centros de investigación como Pew Research Center, más de 10 millones de inmigrantes indocumentados residen actualmente en Estados Unidos, muchos de ellos sin historial criminal. En ese contexto, la propuesta de Judd —aunque aún sin detalles concretos— pone sobre la mesa una discusión que podría tener profundas implicaciones para millones de familias, especialmente dentro de la comunidad latina.
Por ahora, el debate continúa abierto, en un escenario político donde la inmigración sigue siendo uno de los temas más sensibles y determinantes a nivel nacional.

