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Madison, Wisconsin. La Oficina del Sheriff del condado de Dane se comprometió a realizar reformas significativas para garantizar que los residentes con dominio limitado del inglés puedan acceder a los servicios necesarios. Este compromiso forma parte de un acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras una investigación de derechos civiles derivada de un caso de 2019.
El caso se originó por un informe de ProPublica que reveló cómo una barrera lingüística entre un trabajador inmigrante y un ayudante del sheriff llevó a una acusación errónea en relación con la trágica muerte de un niño en una granja lechera en la ciudad de Dane. Según la Ley de Derechos Civiles, las agencias que reciben fondos federales no pueden discriminar por origen nacional o capacidad lingüística. Si bien la investigación concluyó que no hubo discriminación intencionada, el acuerdo busca evitar futuros malentendidos.
Medidas acordadas
El acuerdo, firmado en septiembre, incluye la creación de una política de acceso lingüístico que incorpora:
- Capacitación del personal: para mejorar la comunicación con personas que no hablan inglés.
- Controles de calidad: para asegurar la precisión en las interpretaciones.
- Divulgación comunitaria: para informar a los residentes sobre los servicios disponibles en múltiples idiomas.
Además, se establecerán estándares claros para el uso de herramientas como Google Translate o intérpretes no calificados, garantizando que se valide la información obtenida en situaciones de emergencia.
Kalvin Barrett, sheriff del condado de Dane, destacó la importancia de estas reformas:
“Al abordar de manera proactiva las barreras del idioma, estamos fomentando una comunidad más conectada donde todos pueden participar plenamente”, afirmó.
La oficina también lanzó una página web multilingüe que incluye información en seis idiomas, como inglés, español y hmong.
Un caso que marcó un precedente
El incidente que llevó a esta investigación involucró a Jefferson Rodríguez, un niño de 8 años que murió accidentalmente en una granja lechera. La tragedia fue resultado de la falta de capacitación de un trabajador inmigrante, quien operaba maquinaria pesada sin saber que el niño estaba detrás. Las autoridades no entrevistaron al trabajador debido a la barrera del idioma, y un error gramatical durante la entrevista con el padre del menor contribuyó al malentendido inicial.
José María Rodríguez Uriarte, padre del niño, expresó su alivio tras conocerse el acuerdo:
“Esto realmente presionará a la policía para obtener traducciones más claras. Muchas veces no sabemos si los oficiales están ahí para ayudarnos o para hacernos daño. Esto es algo bueno”, declaró.
Más allá de la reforma policial
La tragedia puso de manifiesto las precarias condiciones de los trabajadores inmigrantes en la industria lechera. En respuesta, las autoridades locales han asignado $8 millones para construir viviendas para trabajadores agrícolas y han establecido un puesto de coordinador de acceso lingüístico a nivel condal.
El caso de Jefferson también tuvo un desenlace judicial: la familia llegó a un acuerdo con la granja y su aseguradora. Aunque no se admitió culpabilidad, el caso subrayó la necesidad de mayor seguridad y justicia para los trabajadores inmigrantes.
Mientras tanto, José María Rodríguez continúa trabajando en otra granja de la región, con planes de regresar a Nicaragua para reunirse con su familia a finales de este año.
Con esta iniciativa, el condado de Dane busca establecer un estándar de igualdad e inclusión que sirva de ejemplo para otras comunidades en el país.