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Madison.— En los pasillos del Capitolio estatal vuelve a resonar un debate que podría transformar la vida profesional de miles de jóvenes inmigrantes. Una nueva propuesta bipartidista busca permitir que las personas que llegaron al país siendo niños antes de 2012 —especialmente quienes calificaron para DACA— puedan finalmente acceder a licencias profesionales hoy fuera de su alcance. Para muchos, se trataría de un giro histórico en un estado con serias necesidades de mano de obra y con más de 5,700 residentes que formaron parte del programa.
Detrás del proyecto están legisladores tanto republicanos como demócratas, convencidos de que Wisconsin no puede seguir desaprovechando talento formado en sus escuelas, colegios técnicos y universidades. El senador Jesse James, republicano de Thorp, sostiene que la propuesta es más que razonable: estos jóvenes ya pagan impuestos, están integrados a la vida comunitaria y podrían sumarse a profesiones donde la escasez es crítica. Con 140,000 vacantes laborales en julio, según el Departamento de Desarrollo Laboral, abrir este camino profesional sería un alivio para sectores esenciales.
Hoy, la ley estatal impide que los beneficiarios de DACA obtengan licencias para trabajar como maestros, enfermeros registrados, dentistas, cosmetólogos, plomeros, agentes de bienes raíces y otras ocupaciones reguladas. La restricción se remonta a una ley federal de 1996 que limitó el acceso de inmigrantes a diversos “beneficios públicos”, categoría dentro de la cual se incluyeron varias licencias ocupacionales. Sin embargo, el gobierno federal permite que los estados aprueben sus propias excepciones. Al menos 19 ya lo hicieron, otorgando distintos niveles de acceso a licencias profesionales para jóvenes que llegaron antes de 2012. Once de esos estados permiten acceso total a todas las licencias, mientras otros abren la puerta a campos específicos, como la abogacía en Utah o la docencia en Virginia Occidental.
Wisconsin ha intentado avanzar en esta dirección varias veces, sin éxito. En 2023, un proyecto obtuvo el respaldo de 31 representantes y nueve senadores, pero quedó estancado en comisión. Esta vez, los patrocinadores buscan un enfoque más acotado: la propuesta excluye licencias policiales, un tema que ha generado resistencia en el pasado. Para James, ceder en esa parte es una estrategia necesaria para no perder de vista lo esencial: “Algo es mejor que nada”, dijo. Aun así, no descarta retomar ese debate más adelante.
El apoyo al proyecto también proviene de distritos donde la población latina es significativa. La representante Sylvia Ortiz-Velez, demócrata de Milwaukee –donde casi el 70% de su distrito es latino–, respalda la legislación desde que llegó a la Asamblea en 2020. Para ella, la urgencia es clara: cada joven formado en Wisconsin que se ve obligado a emigrar a otro estado por falta de licencia es una pérdida de inversión humana y económica. “No podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados mientras la gente se marcha”, advirtió.
La propuesta actual llega respaldada por ocho republicanos y dos demócratas en la Asamblea, además de James y el senador Cory Tomczyk como coautores en el Senado. El carácter bipartidista ha sido subrayado por varios de sus impulsores, quienes insisten en que no se trata de un tema ideológico, sino de sentido común: aprovechar la preparación y el talento de quienes ya son parte activa del tejido social y económico del estado.
Para muchos beneficiarios de DACA, el proyecto encarna una oportunidad largamente esperada: ejercer la profesión para la que estudiaron, sostener a sus familias con mayor estabilidad y permanecer en el estado al que llaman hogar. Falta ver si esta vez el impulso legislativo será suficiente para convertir esa posibilidad en ley. Pero lo cierto es que la conversación ha vuelto a encenderse —y con ella, la esperanza de miles de jóvenes soñadores en Wisconsin.

